Las ultimas semanas constituyen una acabada muestra de las visicitudes

que el camino de emerger del atraso presenta en el país.

Fenòmeno éste no precisamente novedoso. En el mundo los intentos de

superación de etapas institucionales de estancamiento, siempre han sufrido

la oposiciòn (no ya la usual de la resistencia a todo cambio) por parte de

aquellos que ante la posible transformación nacional, puedan perder sus

privilegios y ventajas, tales como:

-movimientos sociales (piqueteros y otras manifestaciones) otrora

prácticamente sin control;

-sectores gremiales enquistados en las estructuras de poder sindical ya por

décadas, a espaldas de sus afiliados y a las reales necesidades del paìs;

-movimientos políticos tradicionales, usufructuarios de su proximidad al

poder, sea cual fuera su color;

-representaciones empresarias, titulares en muchos casos de situaciones

prebendarías, abogados de una economía cerrada;

-estructuras políticas provinciales, enquistadas en sus territorios por

décadas, en muchos casos con características feudales.

Mientras tanto, casi contradictoriamente, el escenario internacional

observa, con sorprendente interés, el nuevo fenómeno político que se viene

desarrollando desde hace pocos (y para muchos larguísimos) meses en la

Argentina.

En este contexto, la realidad nacional muestra una aceleración en las

reacciones de los distintos actores sociales arriba mencionados en su

enfrentamiento con el nuevo gobierno, con medidas de fuerza cuyas

consecuencias recaen en millones de personas, entre afectados directos e

indirectos, tales como los paros en transporte y los anunciados en Sanidad

y docentes, que evidencian la necesidad de ser declarados como Servicios

Esenciales, para evitar el injusto perjuicio a la mayoría de la población,

producto de sus actitudes sectarias.

La aceleración de estos enfrentamientos está ligada a la perspectiva (o el

deseo) de los sectores mencionados al inicio, para que el Gobierno afronte

serios tropiezos en el tránsito hacia mejores tiempos en la recuperación

económica prometida y que augurada por economistas reputados, podrían

llegar en pròximos meses.

Mientras tanto, la Argentina registró la inflación interanual más alta del

mundo, delante del Líbano y Venezuela, con un 254% para el último año,

producto indudable de la gestión del gobierno anterior y muestra elocuente

de la perentoriedad del cambio.

Paradojalmente con esta crìtica situación nacional, el secretario de Estado

Antony Blinken reafirmó el apoyo de la administración Biden al gobierno

de Javier Milei a la vez que señalaba “Vemos oportunidades

extraordinarias en Argentina, pero quizás lo más importante y evidente es

que Argentina tiene lo que el mundo necesita y nosotros queremos ser

socios para ayudar a que pueda proveer de alimentos y energía al

mundo”(La Nacion. 24-2-24)

El Gobierno ya cumplió con mostrar rápidamente números importantes del

principal ancla del programa, el fiscal,  con  superávits comercial,

financiero y primario en enero último, contrastantes fuertemente con los

registrados doce meses atrás. 

El Presidente irá ahora un paso más allá de lo discursivo: se propone enviar

un proyecto de ley para penalizar a quien emita dinero, iniciativa que

incluirìa prisión efectiva para aquellas autoridades que lleven adelante la

emisión monetaria como práctica, y se buscarìa avanzar con una

largamente esperada reforma laboral a fin de convertirla en seguro de

desempleo.

En este escenario, la pregunta casi con respuesta obligada que se formula la

mayoría silenciosa y sufriente, no aquella usufructuaria de las prebendas

del atraso, consiste en dilucidar si existe alguna alternativa posible para

profundizar el cambio esperado. Y la respuesta resulta obvia.

De no lograr este intento inèdito, inesperado y transformador cumplir con

su cometido, la esperanza de ver en los próximos tiempos, una Argentina

màs digna de ser habitada, podrá estar definitivamente perdida.

El posible cambio no admite alternativa.

Debe concretarse.