A poco de haber asumido el nuevo gobierno nacional, la complicada realidad plantea
inexorables condiciones a fin de enfrentarla: una definición clara de sus premisas básicas,
especialmente en lo económico, y una conducción que se traduzca en hechos y decisiones de
gobierno que reflejen ese pensamiento. Ideas y ejecutores deben, en consecuencia, exhibir a
los argentinos y al mundo la decisión firme de encarar la coyuntura.

En cuanto al primer punto, ideas, aún no se ha conocido un plan económico global, a excepción de un paquete de medidas expuestas en la ley de emergencia económica (hábilmente bautizada con el rótulo de Solidaridad, cuando en realidad consiste en un muy riguroso plan de ajuste) sancionada en tiempo récord en el Congreso de la Nación, con apoyo mayoritario, incluyendo a la oposición.

Analistas advierten que las dudas sobre el camino de mediano y largo plazo no se despejaron.
La suspensión de la vigencia de la fórmula de movilidad previsional (proyecto presentado y
nunca aprobado anteriormente y que en el año 2018 costó una pueblada destructora de la
plaza del Congreso) tuvo entre sus efectos el haber generado expectativas positivas en los
mercados, que preanunciarían una predisposición para ordenar las cuentas fiscales, a pesar de
advertirse muestras de un mayor intervencionismo estatal que podría conspirar contra el
posible crecimiento.

Este gobierno debe encarar una vez más la tarea de enfrentar una crisisrepetida a la largo de la historia. La Argentina incumplió reiteradamente sus obligaciones, padeció hiperinflaciones, violó contratos, alteró marcos regulatorios, expropió fondos de pensión y confiscó empresas, pecados de los que no están exentos muchos de los actuales funcionarios en todos los niveles. Reconstruir la credibilidad debería ser un firme objetivo de la gestión. En este contexto, la reestructuración de la deuda no bastará. Para que la recuperación sea sustentable, se hace menester un programa económico que posibilite el crecimiento, basado en el respeto a las instituciones y el incentivo a la iniciativa y a la inversión privadas.

Las sucesivas crisis que jalonaron nuestro devenir no se debieron a malas recetas económicas,
sino al desprecio al estado de derecho, al hiperestatismo, a la destrucción de la moneda y a la
creencia de que “todo vale” en la búsqueda de poder.

Por su parte, en el plano de los ejecutores del rumbo gubernamental, existen aun con anterioridad a su asunción las percepciones de una especie de doble comando. 

En distintos niveles del Gobierno se percibe una tensión entre dos concepciones. Una que añora la época del “vamos por todo”, y otra que propone avanzar hacia otro estadio que supere la grieta y que se caracteriza por una mayor moderación. Por ejemplo, la titular de la Radio y Televisión Argentina (RTA), Rosario Lufrano, reivindicó al asumir su cargo, la “resistencia” en los medios públicos, en un tono abiertamente revanchista. En cambio, el nuevo secretario del área, Francisco Meritello, garantizó una “pluralidad absoluta”.

En otro plano, designaciones como la de Carlos Zannini a cargo de la Procuración del Tesoro, en la coordinación de los abogados del Estado, Carlos Cruz al frente de la Unidad de Información Financiera (UIF), órgano de extrema sensibilidad que se dedica a investigar el lavado de dinero, Ricardo Nissen, al frente de la Inspección General de Justicia (IGJ), dependencia clave en el control legal de empresas y asociaciones civiles, que viene de actuar como apoderado de Máximo y Florencia Kirchner en Hotesur, y Félix Crous en la Oficina
Anticorrupción (OA) constituyen, según los observadores, muestras del despliegue de la
vicepresidenta de la Nación en áreas muy sensibles para sus tribulaciones judiciales.

Planes claros, transparencia y conducción previsible deberían ser condiciones básicas para enfrentar esta difícil circunstancia nacional.