Doble subordinación: el Presidente ante la Vice, y la economía a la política

El tramo final del aciago año 2020 ofrece en la Argentina el espectáculo de una doble capitulación: una inusual subordinación prácticamente desde los inicios del actual gobierno, entre los términos de la fórmula presidencial, con un liderazgo prácticamente total por parte de la actual vicepresidente ante un cada vez más desdibujado rol del titular del poder ejecutivo. Por otra parte, en un marco donde las hipercríticas condiciones del país obligaban, casi inexorablemente a plantearse caminos consistentes en la conducción de la economía, los términos se encuentran subvertidos, otorgando absoluta preeminencia a los inmediatos intereses políticos y judiciales del frente gobernante, y más específicamente de la vicepresidente.

En este contexto, no obstante, es dable esperar un 2021 mejor que año 2020, aún cuando el pronóstico esté teñido por diversas  incógnitas en cuestiones sanitarias, político-institucionales y macroeconómicas: sospechosa falta de transparencia en la gestión de compra y posterior administración de vacunas para el Covid-19, la ofensiva de la vicepresidente  contra la Corte Suprema, sus manejos a través de la conducción omnímoda del Senado y su influencia en la Cámara de Diputados para colonizar y ser absuelta por la Justicia, la nula perspectiva de acuerdos con la oposición, así como la aceleración inflacionaria, la escasez de reservas del Banco Central, las incógnitas ante la negociación con el FMI, el déficit fiscal, la interminable emisión de pesos para financiarlo y la brecha cambiaria, entre otras cuestiones.

Por otra parte, frente al publicitado mensaje oficial apelando a una ilusoria “Reconstrucción Argentina”, brillan por su ausencia la urgente necesidad de inversión privada para exportar, disminuir la desocupación y salir de la trampa de los planes sociales como placebo ante el maltrecho estado de salud de la Argentina productiva.

En la actualidad, todo indica que las decisiones políticas y económicas en el año 2021 estarán marcadas por la necesidad de la coalición gobernante de triunfar en la próxima elección de octubre, condicionamiento que habría de afectar todas las decisiones.

La intención aparente del Gobierno es prolongar el actual estado -casi postrado- de la economía nacional, hasta el acto electoral,  evitando devaluaciones bruscas. La aspiración oficial sería que el Banco Central se muna de los imprescindibles dólares durante el segundo trimestre, período en el cual se produce el pico de exportaciones de cereales y oleaginosas, como un respirador momentáneo, sin ninguna otra medida que altere el actual escenario de mantenimiento.

La prioridad oficial pasaría por evitar de cualquier manera, un desborde de la inflación, la amenaza más evidente para el futuro electoral de la coalición gobernante.

Quedarán así postergadas las posibilidades de un ajuste de las variables económicas ni de recortar subsidios, ordenar las cuentas públicas y cumplir con las metas fiscales, ya sea con aumentos de tarifas largamente atrasadas, que supondría disminución de subsidios y por ende del déficit fiscal, o ajustes en los haberes previsionales.

La voz oficial del gobierno, o sea la de la vicepresidente, ordenó que las jubilaciones y los salarios no deberán perder contra la inflación, que según analistas privados podría llegar al 50% en 2021, que las tarifas de los servicios públicos deberán estar atadas a los incrementos de los trabajadores, y que se mantendrán los planes sociales, lo mismo que la doble indemnización para los despidos, a su vez que se redujo a 10% el único ajuste de cuotas de este año para la medicina prepaga, pese a aumentos de costos largamente superiores, con lo cual se pone en serio riesgo la supervivencia del sistema, o la prestación de un servicio de mínima calidad sanitaria.

Ejemplo de este enfoque lo constituye el proceso que atravesó el ajuste de las jubilaciones. Este, inicialmente contemplaba tomar el aumento de diciembre de 2020 a cuenta del de marzo de 2021, y pasar el tramo de actualizaciones a un semestre, en lugar de la corrección trimestral. El Senado, o sea la vicepresidente, ordenaron retrotraer la medida, volviendo al esquema vigente trimestral y tomar el plus de diciembre como pago definitivo.

A su vez, con más gasto en jubilaciones y en subsidios a la energía y al transporte, se torna dudoso que el Gobierno opte por movilizar la economía mediante un fuerte aumento de la obra pública atento a la restricción fiscal, aun cuando tampoco sería descartable.

En un camino opuesto, luego de un año de crisis sanitaria en el que parte de la administración pública tuvo virtuales vacaciones pagas, el gobierno acordó con los dos principales gremios estatales un ajuste salarial, a cambio de la incorporación a planta permanente de 29.000 empleados contratados con una antigüedad superior a cinco años en ese carácter. Resulta sugestivo que el período abarcado se corresponde con quienes ingresaron en el último tramo de la anterior gestión del actual gobierno, que podrían corresponder con militantes rentados.

Todos estos caminos conducen necesariamente a una ampliación del déficit fiscal. Por lo tanto, es expectable más emisión monetaria, mayor presión sobre el dólar, que en caso de ausencia de devaluaciones oficiales, ampliaría la actual enorme brecha cambiaria. En este caso, un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita salir de una situación de virtual default con el organismo parece menos posible.

Hay quienes estiman que la ausencia de tal acuerdo no estaría incluida en las prioritarias preocupaciones oficiales que residirían en ganar las elecciones de octubre de 2021.

Abonando esta hipótesis, es de tomar en cuenta que el FMI informó la exitosa conclusión de la primera revisión del acuerdo firmado con Ecuador, especificando que el programa ecuatoriano, además de una generosa política de asistencia social, exhibe una ley de lucha contra la corrupción votada por una amplia mayoría en el Congreso de aquel país, temática de alta sensibilidad para el oficialismo argentino gobernante. 

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