El tramo final del aciago año 2020 ofrece en la Argentina el
espectáculo de una doble capitulación: una inusual subordinación prácticamente
desde los inicios del actual gobierno, entre los términos de la fórmula
presidencial, con un liderazgo prácticamente total por parte de la actual
vicepresidente ante un cada vez más desdibujado rol del titular del poder
ejecutivo. Por otra parte, en un marco donde las hipercríticas condiciones del
país obligaban, casi inexorablemente a plantearse caminos consistentes en la
conducción de la economía, los términos se encuentran subvertidos, otorgando
absoluta preeminencia a los inmediatos intereses políticos y judiciales del
frente gobernante, y más específicamente de la vicepresidente.
En este contexto, no obstante, es dable esperar un 2021
mejor que año 2020, aún cuando el pronóstico esté teñido por diversas
incógnitas en cuestiones sanitarias, político-institucionales y
macroeconómicas: sospechosa falta de transparencia en la gestión de compra y
posterior administración de vacunas para el Covid-19, la ofensiva
de la vicepresidente contra la Corte Suprema, sus manejos a
través de la conducción omnímoda del Senado y su influencia en la Cámara de
Diputados para colonizar y ser absuelta por la Justicia, la nula perspectiva de
acuerdos con la oposición, así como la aceleración inflacionaria, la escasez de
reservas del Banco Central, las incógnitas ante la negociación con el FMI, el
déficit fiscal, la interminable emisión de pesos para financiarlo y la brecha
cambiaria, entre otras cuestiones.
Por otra parte, frente al publicitado mensaje oficial
apelando a una ilusoria “Reconstrucción Argentina”, brillan por su
ausencia la urgente necesidad de inversión privada para exportar, disminuir la
desocupación y salir de la trampa de los planes sociales como placebo ante el
maltrecho estado de salud de la Argentina productiva.
En la actualidad, todo indica que las decisiones políticas y
económicas en el año 2021 estarán marcadas por la necesidad de la coalición
gobernante de triunfar en la próxima elección de octubre, condicionamiento que
habría de afectar todas las decisiones.
La intención aparente del Gobierno es prolongar el actual
estado -casi postrado- de la economía nacional, hasta el acto electoral,
evitando devaluaciones bruscas. La aspiración oficial sería que el Banco
Central se muna de los imprescindibles dólares durante el segundo trimestre,
período en el cual se produce el pico de exportaciones de cereales y
oleaginosas, como un respirador momentáneo, sin ninguna otra medida que altere
el actual escenario de mantenimiento.
La prioridad oficial pasaría por evitar de cualquier manera,
un desborde de la inflación, la amenaza más evidente para el futuro
electoral de la coalición gobernante.
Quedarán así postergadas las posibilidades de un ajuste de
las variables económicas ni de recortar subsidios, ordenar las cuentas públicas
y cumplir con las metas fiscales, ya sea con aumentos de tarifas largamente
atrasadas, que supondría disminución de subsidios y por ende del déficit
fiscal, o ajustes en los haberes previsionales.
La voz oficial del gobierno, o sea la de la vicepresidente,
ordenó que las jubilaciones y los salarios no deberán perder contra la
inflación, que según analistas privados podría llegar al 50% en 2021,
que las tarifas de los servicios públicos deberán estar atadas a los
incrementos de los trabajadores, y que se mantendrán los planes sociales, lo
mismo que la doble indemnización para los despidos, a su vez que se redujo a
10% el único ajuste de cuotas de este año para la medicina prepaga, pese a
aumentos de costos largamente superiores, con lo cual se pone en serio riesgo
la supervivencia del sistema, o la prestación de un servicio de mínima calidad
sanitaria.
Ejemplo de este enfoque lo constituye el proceso que
atravesó el ajuste de las jubilaciones. Este, inicialmente contemplaba tomar el
aumento de diciembre de 2020 a cuenta del de marzo de 2021, y pasar el tramo de
actualizaciones a un semestre, en lugar de la corrección trimestral. El Senado,
o sea la vicepresidente, ordenaron retrotraer la medida, volviendo al esquema
vigente trimestral y tomar el plus de diciembre como pago definitivo.
A su vez, con más gasto en jubilaciones y en subsidios a la
energía y al transporte, se torna dudoso que el Gobierno opte por movilizar la
economía mediante un fuerte aumento de la obra pública atento a la restricción
fiscal, aun cuando tampoco sería descartable.
En un camino opuesto, luego de un año de crisis sanitaria en
el que parte de la administración pública tuvo virtuales vacaciones pagas, el
gobierno acordó con los dos principales gremios estatales un ajuste salarial, a
cambio de la incorporación a planta permanente de 29.000
empleados contratados con una antigüedad superior a cinco años en ese
carácter. Resulta sugestivo que el período abarcado se corresponde con quienes
ingresaron en el último tramo de la anterior gestión del actual gobierno, que
podrían corresponder con militantes rentados.
Todos estos caminos conducen necesariamente a una ampliación
del déficit fiscal. Por lo tanto, es expectable más emisión monetaria, mayor
presión sobre el dólar, que en caso de ausencia de devaluaciones oficiales,
ampliaría la actual enorme brecha cambiaria. En este caso, un acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita salir de una situación de
virtual default con el organismo parece menos posible.
Hay quienes estiman que la ausencia de tal acuerdo no
estaría incluida en las prioritarias preocupaciones oficiales que residirían en
ganar las elecciones de octubre de 2021.
Abonando esta hipótesis, es de tomar en cuenta que el FMI
informó la exitosa conclusión de la primera revisión del acuerdo firmado con
Ecuador, especificando que el programa ecuatoriano, además de una generosa
política de asistencia social, exhibe una ley de lucha contra la corrupción
votada por una amplia mayoría en el Congreso de aquel país, temática de alta
sensibilidad para el oficialismo argentino gobernante.