La Argentina se encuentra en una encrucijada política ciertamente inédita. 

Al momento de las elecciones primarias, hace ya largos meses, los dos candidatos de la que era entonces la principal oposición sumaron menos que una desconocida propuesta autodenominada “libertaria” que desplazó a la fuerza que durante casi una década confrontó con el peronismo kirchnerista.

Esa nueva aparición  política, a la que muchos adjudican un hartazgo social sin precedentes  y el posible impulso propiciado por el peronismo, – que lo podría haber  ayudado a estructurar la fuerza a fin de crearle rivales al adversario-, exhibe  evidentes  limitaciones personales a más de la ausencia de una estructura política sólida, debilidades que, en la actual circunstancia,  son enfatizadas por  el  actual oficialismo.

El sistema institucional argentino, plasmado en nuestra Constitución Nacional, conlleva un régimen electoral de dos instancias reservado al Poder Ejecutivo Nacional.

En la primera vuelta se elige por preferencia, procurando que las ideas y las políticas afines a los propios valores prevalezcan en el voto popular. En el caso de que la coalición partidaria propia no alcanzara a entrar en los dos primeros lugares, la alternativa del ciudadano es optar por una fuerza política distinta, y en ocasiones distante de sus convicciones. 

Este es el escenario que se presenta ante el próximo acto electoral, donde el pueblo, una vez más, debe elegir.

Son numerosas las razones por las que el elector podría votar contra el actual régimen K en sus distintas variantes:

*riesgo sobre la división de poderes que implican los sucesivos ataques a la Justicia;
*severas limitaciones a las instituciones, ignorando el derecho, por ejemplo al libre tránsito afectado por permanentes cortes de puentes, avenidas, rutas, o por la invasión de propiedades privadas, sin intento alguno, de ponerles coto;
*diseño de políticas públicas, en particular las de asignación de recursos fiscales y de regulaciones;
*continuidad de los cepos, cupos y controles;
*estatismo creciente y falta de respeto a la actividad y propiedad privadas;
*innumerables episodios de corrupción, cuya no menor expresión fue el reciente “yategate”; 
*inseguridad ostensible; 
*casos de espionaje vergonzosos;
*carencia de política exterior adecuada a las necesidades nacionales, a partir de la adhesión a regímenes no democráticos y totalitarios en su caso;
*educación, entregada a la camarilla sindical, en un estado de degradación inédito, que compromete el presente, y sobre todo el futuro de las próximas generaciones;
*no menos importante, la trágica situación económica, afectando fundamentalmente a los que menos tienen, con sus escandalosas cifras de inflación, pobreza, desempleo, déficit público, decenas de tipos de cambio, y falta de perspectiva futura. 

En este contexto, algunas voces sumamente respetadas se han expresado defendiendo la abstención al voto. 

Por el contrario, muchos estiman (estimamos) que votar en blanco es ceder la decisión a los otros,  quizás intentando pacificar la conciencia ante una decisión, ciertamente difícil. 

Ya no se trata de elegir al mejor, ni tampoco al menos malo.

Es la disyuntiva de votar por quienes representan la continuidad de una realidad que ha conducido al país, sacrificando presente y perspectivas de futuro, o por una contraparte que propone el respeto a los valores que puedan ser capaces de revertir ese escenario, aun cuando sin garantías ni seguridad alguna.

La cuestión es la elección entre quienes representan una realidad ya insoportable, o una probabilidad de cambio, en este caso sin avales. 

Simplemente la esperanza de su concreción, dejando atrás un régimen que ha asolado al país desde tantísimas décadas.

Sepa el pueblo votar.