En el tratamiento mediático de la realidad que aqueja a la castigada Argentina, fácil resulta encontrar casi con exclusividad los habituales temas que llevan a la desesperanza, la deserción o la resignación, tales como:

• Inflación anualizada estimada cercana al 140% y tercera en el ranking mundial.
• Pobreza en casi la mitad de la población.
• Indigencia del 10%.
• 54% de población infantil sumida en la  pobreza.
• Alta abstención electoral.
• Inseguridad generalizada.
• Récord de argentinos solicitando residencia en el extranjero (Uruguay, Brasil, España, etc.).
• En los últimos días, el escándalo chaqueño de un crimen posiblemente perpetrado por allegados al máximo poder.

No obstante, resulta escaso el lugar dispensado a un hecho aleccionador ocurrido en la provincia de Jujuy, por el cual se aprobó una reforma de la Constitución local, estableciendo la “prohibición de cortes de calles y de rutas” y de “toda otra perturbación al derecho a la libre circulación de las personas y la ocupación indebida de edificios públicos” en el ámbito provincial.

También incluye la limitación de la reelección de legisladores e intendentes, y la modernización del sistema de auditoría del Estado, entre otras normas.

La Nación debería poner en práctica las mismas medidas que votó Jujuy en su Constitución

No pudo concretarse, lamentablemente, la totalidad del proyecto original, que incluía cambiar el régimen electoral, eliminando las elecciones de medio término –verdadera rémora para la ejecución de planes de gobierno de cualquier Poder Ejecutivo– no obstante lo cual, el avance institucional que supone resulta altamente ejemplificador.

A su vez, ante un posible (y esperable) cambio de signo en la conducción política en el orden nacional, este logro, en su momento, debería ser replicado en todo el país.

También como una penosa réplica de lo que ocurre en el orden nacional, la reforma sancionada generó el rechazo de sectores gremiales y organizaciones piqueteras, que desplegaron diferentes manifestaciones en contra de las modificaciones, obligando a las fuerzas de seguridad a disolver los piquetes de los  distintos caminos provinciales donde grupos de manifestantes cortaron el tránsito y se enfrentaron con la Policía a pedradas.

La polémica alrededor de las detenciones que se produjeron durante dichas protestas, así como el viaje a la provincia del secretario de Derechos Humanos de la Nación, y declaraciones de funcionarios del orden nacional, llevaron a las autoridades provinciales a exhibir parte de los prontuarios de los detenidos, que incluían delitos como robo, lesiones, hurto y amenazas, entre otros, así como videos donde se observa a manifestantes arrojando piedras a los policías, a la vez que a denunciar una actitud propiciatoria de los disturbios por parte del gobierno nacional, señalando “el derecho a la paz social y la convivencia democrática pacífica es un triunfo histórico del pueblo de Jujuy” … “Por lo tanto, no limitamos los derechos; al contrario, los ampliamos. El objetivo es generar condiciones para que los derechos de los demás no se vean afectados. No es solo circular, es vivir en paz, no ser objeto de amenaza”.

Se decía en el título “Jujuy ¿espejo para el país?”. Efectivamente, las prescripciones constitucionales votadas grafican la imperiosa necesidad de que se extiendan al ámbito nacional, y resultan espejo anticipatorio para toda la Nación que, en caso de que un nuevo gobierno pueda en 2024 emprender las imprescindibles reformas tales como las prescriptas en la nueva Constitución jujeña, deberá inevitablemente enfrentarse con las fuerzas inmovilizadoras que pretendan abortar cualquier intento de modificación del statu quo, que está condenando a la Argentina a ocupar los últimos escalones del concierto internacional, y a la carencia, no solo de un presente, sino fundamentalmente a la posibilidad de vislumbrar un futuro esperanzador.