La Argentina está viviendo una época profundamente disruptiva.

Un viraje en la orientación política vigente hasta no hace más de dos años, accedió a fines del año 2023 a los más altos niveles de conducción del Poder Ejecutivo Nacional.

De manera sorpresiva (y satisfactoria para muchos, incluyendo para quien esto suscribe), comenzó con velocidad casi sorprendente a producir los esperados por largo tiempo cambios abruptos, especialmente en el área de la economía, en una bienvenida orientación de libertad:

– una casi increíble reducción de la agobiante inflación;

– descenso profundo del riesgo país a pesar del aún crítico estado general del país;

– tipo de cambio en niveles mínimos;

– inéditas rebajas de tasas impositivas;

– interesantes perspectivas para el mundo inversor externo, ansioso de poder incorporarse al proceso productivo nacional, a poco de poder percibirse señales de sostenibilidad de los logros.

Ese esperado aporte de capital privado externo aguarda con expectativa poder comprobar las perspectivas de permanencia en el camino emprendido –esperanza compartida también por los argentinos con vocación democrática en general–, campo donde han comenzado a tomar cuerpo dudas y preocupaciones.

A pesar de los avances en lo económico, se hace imprescindible un marco institucional solvente, con vigencia plena para propios y ajenos, partidarios y otros no tanto, que proteja a todos los ciudadanos de los excesos del poder de turno.

Resulta preocupante la agudización desde los más altos niveles, del ataque y agravio, en algunos casos grosero, contra supuestos adversarios del poder de turno, así como hacia periodistas, recreando lamentables recuerdos del concepto amigo-enemigo que ha llevado a tantos gobiernos a la aplicación muy riesgosa del concepto de pensamiento único, característico de regímenes poco adeptos a la convivencia democrática.

En tal sentido, un llamado de atención por libertad de expresión y de prensa en la Argentina acaba de hacer un organismo de la OEA, que calificó de “… deterioro acelerado del ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión en la Argentina, caracterizado por la baja tolerancia del Poder Ejecutivo hacia las críticas y los procesos deliberativos” (La Nación, 2-6-25).

Por su parte, prevenciones locales y del exterior señalan también los daños autoinfligidos por el Gobierno en su conflicto con los médicos de un establecimiento tan reconocido como el hospital Garrahan, así como la reciente lamentable utilización del canal infantil Paka Paka, hasta hace poco tiempo acerbamente criticado y anunciado como pronto a desaparecer, para difundir en los niños las ideas de ¡defensa del libre mercado y combate al monstruo socialista!

Opiniones estas de diversos círculos del exterior que no resultan gratuitas, pues por fuera del riesgo cierto ya señalado en materia de derechos cívicos, constituye una señal de alerta muy atendida por los capitales extranjeros que, en función de la triste historia que en la materia exhibe el país, observan con atención la vigencia plena de las instituciones, antes de decidir incorporar sus capitales al proceso inversor nacional.

En este sentido, un suspiro de esperanza se genera con la histórica confirmación del fallo definitivo del caso Vialidad, al comprobar que el Poder Judicial, pilar de la institucionalidad, ha fallado conforme a derecho.

Resulta esperable que la esperanza que había nacido en muchos argentinos de verse liberados del populismo que llevó al atraso al país por décadas no se llegue a ver frustrada por estas distorsiones en la convivencia democrática.

Se está asumiendo un límite riesgoso. Casi como conducir por la banquina.