La realidad argentina, sumergida en una terminal problemática, ha exteriorizado sin embargo, casi con exclusividad, tres juicios de naturaleza muy distinta: el proceso por la muerte violenta de un joven a manos de una banda de rugbiers, condenados ya ejemplarmente, el homicidio de un niño  de cuatro años, cuyas autoras fueron sentenciadas, y finalmente el intento de  juicio político iniciado por parte del oficialismo en la Càmara de Diputados contra la Corte Suprema de Justicia.

Como si evidenciara el desacople creciente que se registra entre la sociedad y la política, los dos primeros han acaparado la atención pública, a juzgar por las mediciones de audiencias, mientras que el pretendido enjuiciamiento a los máximos magistrados del país aparenta no haber  concitado el interés pùblico, a pesar de su gravedad y por las consecuencias institucionales que puede generar.

Tampoco  exhiben mayor atención, los piquetes y cortes de rutas vitales, caso el acceso al aeropuerto de Ezeiza, o el bloqueo masivo a la avenida 9 de julio, que a fuer de reiterados, aparentan haber sido asimilados como normales por la pacìfica población de a pie, como una consecuencia ya incorporada, del estado de anarquìa en que se encuentra el país.

 

Por su parte, la inseguridad ha cobrado proporciones endémicas, cuyo símbolo es una situación limite en la provincia de Santa Fe donde el narcotráfico y su violencia se ha enseñoreado de buena parte de su  territorio.

Evidente resulta la intimidación reiterada por los ataques a tiros contra dependencias judiciales y canales de TV y  las amenazas contra jueces y periodistas protagonistas de investigaciones relacionadas con el narcotráfico. Todo ello, a pesar de su cotidianeidad, no exhibe, en apariencia, la exteriorización mayoritaria del  rechazo por parte de la población -quizás resignada a estas facetas de quiebre de la ley-, o por el reclamo a las autoridades de intentar poner coto a este terrible flagelo .

 

A su vez poco se ha hablado de una iniciativa exclusivamente electoralista del gobierno de la provincia de Buenos Aires – afortunadamente diferida-, que  permitiría a los estudiantes avanzar a pesar de tener materias adeudadas incluso de los primeros tres años del nivel medio, proyecto cuyo objetivo no declarado podría haber sido captar  votos de jóvenes mayores de 16 años en el próximo acto electoral, al costo de la pauperización de la educaciòn.

 

En este contexto,  se conoció el índice de inflación de enero, 6%,  y el guarismo anual oficial que ya casi exhibe los peligrosos tres digitos (98,8%).

El país continùa asì en el círculo vicioso de estancamiento, inflación y pobreza, a pesar de una agobiante publicidad oficial, ya sea de gobiernos nacional, provinciales o comunales, pintando un escenario idílico, alejado de la realidad, y cuyo costo lo pagan los esforzados contribuyentes argentinos.  

El próximo gobierno enfrentarà grandes costos políticos y sociales.  De ser electa la oposición a fines de año, como todo règimen no peronista, podría verse  enfrentado con gremios y organizaciones sociales que, ya tradicionalmente sabotearon toda conducción  ajena a su identidad polìtica

 

Sin embargo, esta crucial temática todavía no  està presente con su necesaria intensidad y frecuencia, ya sea en los medios o en el seno de la opinión publica.

Por todo esto, resulta bienvenido el hecho  que economistas opositores se hayan expresado sobre  la inviabilidad de las políticas actuales, hablando de una bomba de tiempo que se està incubando aceleradamente con la vigente polìtica económica, por lo cual se hará imprescindible una enèrgica reducción del déficit fiscal , hecho que otorga poco espacio para el gradualismo y que  habrá que devaluar, una palabra temida en la esfera política y totalmente tabú para el gobierno actual. 

 

Es de esperar  que la sufrida población tome conciencia y se exprese en forma pacìfica pero sostenida, de estas cuestiones fundamentales, en especial por la preservación del estado de derecho en el país, por el nivel casi terminal de la situación económica, y fundamentalmente, por evitar que  la paulatina disolución institucional degenere en procesos otrora experimentados, potencialmente violentos, penosos y extendidos en el tiempo.