Al ir a fondo con un decreto de necesidad y urgencia (DNU) y un proyecto de ley que contempla desregulaciones en un sinfín de materias –laborales, comerciales, de salud, agropecuarias, educativas, mineras, entre otras–, alegando una necesidad y urgencias absolutamente reales, el Presidente Milei no solo golpeó fuerte, casi inéditamente, sino que optó por la aparentemente única alternativa posible para intentar tener éxito en la gestión de un heredado escenario nacional desquiciado, destruido en sus bases sociales, políticas, institucionales y económicas.

Para ello echó mano a varios hitos fundamentales:

• El histórico discurso de asunción presidencial en la explanada del Congreso, anticipando su filosofía y su previa descripción del escenario nacional que recibía;
• El inmediato discurso del ministro de Economía, dando precisión a los dichos presidenciales previos;
• El DNU que lo habilita instantáneamente a la puesta en marcha de las medidas propuestas, salvo un muy improbable rechazo  legislativo;
• Finalmente un inédito paquete de leyes (inicialmente desarrollado para la fallida presidencia de su otrora rival Patricia Bullrich) contemplando modificaciones sustanciales en la estructura institucional argentina.

Andamiaje que obligó a un Congreso, no caracterizado precisamente por su excesiva laboriosidad, a inusitadas jornadas de trabajo para los legisladores.

El Presidente Milei, para desplegar esa batería, debe haber abrevado en numerosas fuentes, pero sin dudas, habrá estado presente la enseñanza de Nicolás Maquiavelo al Príncipe: el gobernante para tener posibilidades ciertas de éxito en su gestión, debe producir todos los actos que impliquen malestar para sus gobernados, inmediatamente de haber asumido, y ejecutarlos en su conjunto sin dilación.

Así lo hizo, asumiendo una iniciativa monumental, y puso a la defensiva a todo el arco político, sea adversarios y también supuestos aliados, duchos en negociaciones y componendas, desacostumbrados a este estilo huracanado.

En este contexto, la economía propone un escenario poco benigno. El intento de sinceramiento de varias variables económicas, permitió desnudar las presiones generadas largamente en la gestión precedente, y contribuyó a la configuración de un guarismo de 25% de inflación para el mes de diciembre, que llevó la cifra anual para todo el año 2023 al 211,4%, constituyéndose en un poco honroso primer lugar en la materia en toda América Latina, superior incluso a la registrada en la castigada Venezuela.

Sin embargo, el rigor presidencial de la descripción inicial y la energía de sus acciones, confirieron de inicio un marco de expectante, moderado (y ¿esperanzado?) optimismo, en muchos de los jugadores del tablero económico nacional e internacional. En este sentido, el acuerdo logrado rápidamente para la renegociación con el FMI constituye una buena  muestra.

La duda, más allá del rol de las dirigencias políticas, estriba en la comprensión social, que se ve sacudida por el enorme esfuerzo que supone para la mayoría de los argentinos el plan de ajuste, marcado por una estampida de precios que diluye su poder de compra desde los primeros minutos del nuevo gobierno.

El riesgo estriba que entre los propios votantes del Presidente Milei pueda flaquear la convicción o la paciencia sobre la necesidad de hacer el ajuste, y soportar el actual sufrimiento, aun comprendiendo el motivo del sacrificio convocado, ante el riesgo expuesto de una potencial hiperinflación próxima.

Ni qué decir de aquellos que tácita o explícitamente desean el fracaso de la actual gestión, sumado a un sistema corporativo inquieto por la posibilidad de una desregulación de magnitud que le quite beneficios.

Es de esperar que la mayoría silenciosa de la población pueda, ante la difícil circunstancia de tolerar tiempos duros (durante un período aún no precisado), supere las presiones propias por las consecuencias del enérgico ajuste.

Así estará en sus manos posibilitar un cambio de era, para evitar volver a un pasado que ha conducido a la Argentina a sus peores destinos.

Que así sea.