El acuerdo logrado para reestructurar la deuda con los bonistas privados –que cosechó un apoyo casi unánime– constituye una condición necesaria (pero lejos de ser suficiente) a fin de encarar los problemas acuciantes del país, potenciados por una pandemia universal, y una cuarentena insostenible. Era lo urgente.
La mejor manera de asegurar la sustentabilidad de la deuda renegociada y la economía debería haber sido un acuerdo político entre oficialismo y oposición, inimaginable en la actual actitud confrontativa del Gobierno. Ya es historia, el prometido Consejo Económico y Social que podría haber conjugado las expresiones de los distintos estamentos políticos, económicos y sociales. La extrema gravedad de la situación del país así lo requeriría.
Lo importante sería diseñar un rumbo destinado a remover las trabas que frenan al país, a fin de promover la inversión reproductiva, la actividad privada y el incentivo para que los capitales, vengan de donde vengan, generen empleos genuinos, en lugar del engrosamiento de millones de argentinos subvenidos por las arcas públicas a través de planes de todo tipo, o por desocupación disfrazada, en el empleo público.
En cambio, las autoridades han anunciado que se lanzaría un plan de sesenta medidas, que según trascendidos serían coyunturales y cuya sustentabilidad económica deberá demostrarse.
Frente a las imperiosas necesidades del presente, la acción del Estado, lamentablemente, se despliega –cuando se ejerce–, en sentido opuesto.
La inexplicable parálisis del sistema escolar, de la administración de Justicia, del funcionamiento pleno en el ámbito bancario, o del Parlamento condicionado a un funcionamiento casi nulo, o dictando leyes a contramano de las necesidades del país (teletrabajo, alquileres, moratoria con nombre y apellido entre otras), así como la embestida contra la Justicia, constituyen indicios sobre cuáles podrían ser las urgencias de las autoridades, que como en este caso, no siempre coinciden con lo importante para el interés nacional.