El país está atravesando momentos inéditos, sorprendentes e impensados no hace mucho tiempo atrás.

Se pudo sortear una muy peligrosa situación a fines de 2023, inflación que corría al 25% mensual, reduciendo la brecha cambiaria y el riesgo-país en muy poco tiempo.

El país comenzó a estabilizarse, basado en un ajuste fiscal sin precedentes, tipo de cambio como ancla de las expectativas de inflación, y reformas para desregular, abrir la economía y achicar el Estado, incompletas por la carencia de apoyo legislativo para aprobar en su totalidad el proyecto oficial plasmado en la original “Ley Bases”.

Aún en estas condiciones, la economía creció interanualmente un 5%, en base al equilibrio fiscal, reducción del gasto público, liberalización del comercio, desregulación de sectores clave y un régimen de incentivos a grandes inversiones.

No obstante, la confirmación de lo ya logrado dista de estar cercana. La economía comenzó a desacelerarse.

Resulta imprescindible la aún muy escasa inversión productiva, latente por la imagen positiva que ha generado el Gobierno en el mundo económico, pero preñada de dudas, a la espera de señales confirmatorias en los próximos actos electorales.

Lamentablemente, la Argentina está enferma de incertidumbre, trasunto de lo cual es el riesgo-país, que se redujo en la primera etapa, pero renuente a abandonar el escalón de los 700 puntos.

En esta carencia de certezas, cabe mencionar la nocividad que generan las perjudiciales elecciones bianuales, que obligan al poder político de turno a atender necesidades electorales muy frecuentes, por lo cual las planificaciones de mediano y largo plazo quedan resentidas.

En el actual proceso, y fundamentalmente, por el riesgo político basado en la experiencia de los gobiernos populistas lamentablemente sufridos en el pasado cercano y también lejano, los imprescindibles inversores que pueden confirmar el camino de recuperación iniciado, han optado por posponer decisiones al aguardo de señales confirmatorias de la senda productiva en el país.

El Gobierno necesita certificar su rumbo impulsando reformas clave, en especial la laboral, la previsional y la tributaria, tendientes a disminuir el tradicional “costo argentino” atentatorio contra la productividad, que favorezca a su vez los intentos exportadores del trabajo nacional.

En este contexto, y ante la inminencia de dos actos electorales, recientemente la oposición, a través de sus mayorías parlamentarias, ha sancionado leyes que hacen trastabillar el equilibrio fiscal, piedra basal de la política económica, con el objetivo, otra vez, de boicotear el programa económico del Gobierno, cuya respuesta ha sido el veto de tales iniciativas.

Párrafo aparte, pero no menos importante para un Poder Legislativo (que no se ha caracterizado, precisamente, por una destacada laboriosidad) es que ostenta un poco honroso detalle: la exagerada cantidad de asesores en ambas Cámaras.

Cargos estos que en muchos casos constituirían prebendas políticas o simplemente beneficios económicos de todo tipo, para los legisladores y/o sus acólitos, a contramano del intento presidencial de eliminar gastos excesivos y/o innecesarios.

Según información extraoficial habría más de 2.200 asesores directos, para los 329 legisladores (diputados y senadores), y en el caso particular del Senado de la Nación las estimaciones más que duplican dicho promedio por cada miembro del cuerpo.

Una vez más, esperanza en una buena parte de la población, incertidumbre y la espera de un futuro menos azaroso para los argentinos.

¡Que así sea!