El comienzo del mes de marzo tuvo como prólogo tres palabras que lo precedieron en el marco de la actividad política: criptogate- inseguridad- hiperactividad legislativa.

Un escándalo absolutamente evitable para el gobierno, en cuanto a sus consecuencias hasta el presente, sustantivamente suavizadas por el estallido de la inseguridad en la vital, electoralmente hablando, provincia de Buenos Aires, acaparó el centro de las noticias, como asì también la muy positiva agenda propuesta por el Gobierno nacional para las sesiones extraordinarias del Congreso, quien pese a su debilidad política y su poca vocación para acuerdos legislativos,- casi milagrosamente- obtuvo resultados significativos.

Si bien no logró la aprobación de la propuesta Ficha limpia, obtuvo la sanción de  leyes de gran relevancia como la de Reiterancia y reincidencia, la de Juicio en ausencia, (a pesar de la oposición  del bloque K  en defensa una vez más de intereses iraníes), y fundamentalmente por haber impedido -por un solo voto-, la constitución de una propuesta comisión investigadora en el Senado, que podría haber significado un serio problema para el Poder Ejecutivo.

Por su parte, el año legislativo iniciado con el discurso presidencial, tuvo características no por originales menos insólitas, en cuanto a su horario, entorno, y las condiciones en las que se desarrolló.

Un recinto despoblado (el grueso de la oposición tronó por su ausencia), sólo siete de veinticuatro gobernadores se hicieron presentes, y tampoco acompañaron al discurso  ninguno de sus antecesores presidenciales.

La alocución del primer mandatario, se desarrolló así, en un marco inédito, no solo por los otrora repletos palcos, despoblados, a la vez que quienes también sufrieron restricciones para su tarea, lamentablemente, fueron los representantes de la prensa.

El presidente a lo largo de más de una hora de discurso,  anunció desde la propuesta de un cambio en la política migratoria, la  baja en la edad de imputabilidad y  modificaciones para las penas a quienes cometan delitos, completar cargos en la Justicia, una posible reforma laboral y una fuerte rebaja impositiva. En lo inmediato, también anunció el envío al Congreso del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para su aprobación parlamentaria.

Cargo contra el sistema judicial y el Código Penal al que calificó repleto de grietas y de  anti-punitivismo, a la vez que prometió avanzar en el envío de los pliegos de todos los cargos vacantes en la justicia federal, incluidos el procurador general, el defensor general, el defensor del pueblo, todos los juzgados federales, todas las fiscalías y todos los defensores públicos que hoy faltan designar, que son alrededor del 40% de los magistrados de la justicia federal.

Una vez más, resaltó el ajuste del gasto público realizado por su gobierno al señalar que ya se eliminaron más de 200 reparticiones estatales, agregando que además, se avanzará con la privatización de todas las empresas públicas.

Menciono una vez más, su propuesta de una muy bienvenida reforma impositiva, para reducir la cantidad de impuestos nacionales a solo 6 gravámenes, coronando la exposición con la  “oportunidad histórica” (muy difícil de lograr) de “entablar un acuerdo comercial con Estados Unidos”.