Entre las preocupaciones centrales del gobierno nacional, además de la colonización de la justicia y el control de la interminable pandemia, amén de haberse percatado (muy tarde) de la imprescindible necesidad de vacunas, se encuentra la inflación que aparentemente será uno de los motores del voto popular en las próximas elecciones.
Y en este sentido, en lugar de encarar algún plan racional para enfrentar ese flagelo, se estaría una vez más conceptuando que la culpa de la aceleración inflacionaria se encuentra en los sectores empresarios.
El tema fue, esta vez, el precio de la carne, al que para ponerle coto, el Gobierno dispuso un cierre súbito de las exportaciones del sector.
Al igual que en oportunidad del gobierno de Nestor Kirchner, decidió enfrentarse con el campo, omitiendo reparar que constituye el sector de la economía que le generó excelentes aportes en materia de dólares genuinos por sus exportaciones, y recaudación fiscal sustancial por los impuestos y retenciones.
Ante la abrupta e inconsulta medida, la Mesa de Enlace de las entidades agropecuarias en su conjunto, llamaron a un paro de comercialización.
En estas circunstancias, el objetivo del gobierno de disminuir los precios de la carne, difícilmente se pueda lograr en forma sustantiva.
Cabe evocar algunas de las consecuencias del anterior enfrentamiento con el agro: se cerraron más de 130 frigoríficos; el stock de hacienda entre marzo de 2006 y marzo de 2011 cayó más de 12 millones de cabezas de ganado; el volumen exportado en casi 10 años disminuyó en más del 70%; se perdieron casi 12.000 empleos genuinos en la cadena cárnica; y en el año 2015 nuestro país que siempre había estado entre los 3 o 4 primeros exportadores de carne del mundo, quedaba relegado al puesto número 13 en el respectivo ranking .
Una vez más, la medida constituye otro tiro en los pies del gobierno. Un castigo autoinflingido. Y que le generará no pocos costos en diversos aspectos:
- Refuerza la unidad de la oposición;
- Impulsa la reacción de los gobernadores que condicionaron y lo harán en el futuro, el voto de sus legisladores nacionales.
- Supone una merma en los ingresos de los indispensables dólares que las exhaustas finanzas públicas reclaman a gritos.
Por su parte, la medida constituye un perjuicio profundo en el sector:
– Determinará una mayor desinversión en el sector y una nueva pérdida de empleo en la industria cárnica.
– Acrecentará la desconfianza, por su falta de previsibilidad, hacia los exportadores argentinos, quienes a mérito de restricciones gubernamentales fulminantes, se ven obligados a incumplir importantes contratos de entregas, con lo cual se genera para los importadores del exterior un horizonte de incertidumbre imposible de aceptar, en un mundo poblado de oferentes dispuestos a permear cuanto mercado esté dispuesto a abrirse.
– Consecuencia inevitable: es una noticia nada halagüeña para la economía nacional en su conjunto, que ostenta ya cifras record en materia de descenso de su Producto bruto interno(PIB), y que se verá adicionalmente incrementada, de persistir en este tipo de medidas.
La sociedad, mientras tanto, se encuentra inerme frente al avance de un estado con intenciones absolutistas, que lejos de encontrar el rumbo, apela a abruptas decisiones que tanto en el presente, como fundamentalmente hacia el futuro, deterioran la vida de los argentinos.