El país está atravesando un tiempo preñado de incertidumbre, en un contexto muy cercano a una crisis, término que debe tomarse, no como apocalíptico, sino en su tradicional significado de perspectiva de cambio y de oportunidad para lograrlo.

Cuando la gestión libertaria acaba de atravesar el umbral de su quinto mes en el poder, un indicador identifica en estudios de opinión pública que en una mayoría de la población surge la extraña sensación de combinar una real percepción de crisis con una mayor dosis de esperanza en que la situación del país habrá de mejorar.

A pesar de ello, también habría indicios de un principio de desgaste en la relación. Allí se podría interpretar el giro pragmático que adoptó el Gobierno últimamente, que incluyó la disposición a realizar ajustes en los proyectos que se debaten en el Congreso, lo mismo que la postergación del aumento de tarifas de luz y gas, entre otros, todas concesiones económicas que constituyen meros paliativos.

Los objetivos estructurales, los que le permitirán demostrar si solo es una administración de crisis o si se cuenta con un plan consistente de recuperación, dependen de dos variables:

– Salida del cepo cambiario, con más dudas sobre la fecha de concretarlo, por el riesgo de alterar la actual estabilidad cambiaria.

– Sanción en el Parlamento de las reformas contenidas en el proyecto de ley Bases, con capítulos vitales para el modelo de reactivación que imagina el Gobierno, que será un signo de sustentabilidad del plan.

En paralelo, el exterior sigue brindando un panorama diverso respecto al actual gobierno: el FMI acaba de aprobar un nuevo crédito, la elite dirigencial y empresarial extranjera continúa colmándolo de elogios, aun a pesar del crítico momento que aún está viviendo la Argentina, y en consonancia, algo similar ocurre en vastos sectores empresariales locales, donde hay quienes estiman que lo peor de estas nubes se va alejando.

En este contexto, hace pocos días se dio a conocer una investigación judicial en marcha surgida a partir de diversas llamadas anónimas denunciando que dirigentes administrando planes sociales tercerizados por el anterior gobierno llevaban a cabo diversos tipos de extorsiones (asistencia obligatoria a las marchas de protesta, entre otras) tal como fueron imputados por la fiscalía, y en perjuicio de la administración pública.

Este hecho, de enorme gravedad, no constituye una novedad, si bien la diferencia estriba en que las suposiciones públicas se han transformado en procedimiento judicial formal, permitiendo que los responsables, hasta ahora sin castigo, asuman sus consecuencias, formalizando su responsabilidad en perjuicio de los más necesitados al abrigo de la impunidad, y permitiendo además desnudarlo fehacientemente ante la opinión pública en una de las facetas de un cuádruple latrocinio social que vivió el país hasta el cambio de gobierno:

• El Estado empleador político, colmándolo de puestos innecesarios, a cargo de los impuestos de la ciudadanía.
• Negociados en la obra pública, tal como las causas ya conocidas lo han denunciado y demostrado (Cuadernos, Vialidad, entre otras).
• Politización y manejo discrecional de los planes sociales.
• Finalmente, robándole al país la perspectiva de un futuro diferente.

Quizás el actual clima de esperanza, aun ante la muy difícil situación nacional, estriba en que una parte de los argentinos, por ahora mayoría electoralmente expresada, deseen erradicar de una vez y para siempre a los responsables de este cuádruple latrocinio. Que así sea.